Playas mexicanas con acceso restringido.
Por Bego Rendón/ Todos Santos.
Ciertamente, ha existido una problemática en cuanto a la compra, venta, privatización, etc. del territorio de las playas del país. La excesiva inversión extranjera, urbanización e infraestructura han sobre explotado aquéllos espacios libres que–aún ahora prescindiendo de accesos públicos- los mexicanos tenemos derecho a disfrutar.
Y es que al parecer la culpa la tenemos los ciudadanos al no exigir nuestros derechos; más bien, no sabemos cómo hacerlo y esto ha generado que exista un abuso primeramente a la naturaleza y después a cada individuo.
El pasado 19 de marzo, la Casa de la Cultura Jurídica tuvo el honor de presenciar a un panel de expertos y a un público conocedor e interesado por dicho problema. La conferencia magistral denominada “A diez años de la defensa ambiental del noroeste: Acceso público a las playas. Una visión binacional” estuvo a la voz de la Lic. Elizabeth Mitchel, Marco Antonio Lazcano, y el director general de Defensa Ambiental Fernando Ochoa, quienes dieron a conocer no solo aspectos estadísticos, sino también legales, experiencias y proyectos de otros lugares del mundo.
¿Sabías que México cuenta con más de 11 mil km de territorio litoral? Así es, y el estado de Baja California tiene 1493 km del mismo; el cual representa el 13.4% del territorio nacional. Es increíble pensar en cifras como estas, o como saber que casi la mitad de la población mundial vive a menos de 100 km de distancia de la playa.
También es de resaltar que a lo largo de los 100 km que existen de línea costera, exista solamente un acceso a la playa (“Playa Hermosa” o Playa Municipal”); el resto son terrenos privados, sin acceso. Seguramente a más de alguno le ha tocado presenciar que muchos lugares naturales del ecosistema han desaparecido, cambiado o reducido su área por construcciones o privatización de las mismas.
Por ley se exige a los propietarios de los terrenos pegados al mar permitir -en teoría- el acceso cuando no existan vías públicas, lo cual resulta muy arbitrario y casi ninguno accede a ello.
Debido a que las denuncias son tramites largos y muchos no saben cómo reclamar o hacer valer sus derechos, resulta difícil llegar a un acuerdo o acción inmediata, pues la tarea de conseguir abogados e ir a juicio es bastante compleja, costosa y burocrática. El Lic. Marco Antonio mencionó que existe también la opción legal de realizar “demandas por omisión de la autoridad” y así presentar el amparo ante un juez, pero como sabemos los jueces no siempre se atreven a accionar rápida y efectivamente y como dice el licenciado “van con pies de plomo /lentos para mejor evitar problemas” .
Primeramente se debe tener la noción del problema, generar un interés legítimo o preocupación ante ello es necesario para crear una masa crítica como hasta ahora han hecho las asociaciones como “Pro Playitas” o “Haciendo lo necesario”. Debemos tomar como ejemplo aquéllos países activistas o lugares donde se han generado y llevado a cabo iniciativas para el bien social.